Hace unos meses, el compañero criminólogo Manuel Fanega inició una campaña de recogida de firmas a traves de la plataforma online Change.org. Bajo el lema «Ciencia en la ejecución de la pena de prisión: para una sociedad más justa y segura», la campaña denunciaba la no contratación de criminólogos por parte de las instituciones públicas españolas. Esto implica que los beneficios de la criminología apenas repercuten en la sociedad, y es especialmente sangrante en el caso de Instituciones Penitenciarias, ya que las personas que estudian la carrera de Criminología no pueden usarla para opositar y trabajar en prisiones.
Fuimos muchos los que firmamos y compartimos el link a la campaña para hacer llegar esta petición lo más lejos posible. Y los resultados no se han hecho esperar: el 9 de enero, Manuel Fanega entregó en el Registro General del Ministerio del Interior más de 2.000 firmas (¡y siguen subiendo!) y mantuvo una reunión en el centro directivo de Instituciones Penitenciarias con Ángel Luis Ortiz (Secretario General) y Eugenio Arribas (Subdirector General de Recursos Humanos). Le mostraron su apoyo varias asociaciones de criminología y le acompañaron Amparo Peris Salas (presidenta de la Asociación Profesional de Criminología de la Comunidad Valenciana) y Ramón Chipirrás (representante del Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid). Os dejo aquí el resumen de todo lo acontecido, ya que hoy me gustaría comentar varios aspectos del mismo.
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