Carta de una criminóloga a Podemos

Un conocido chileno tiene un dicho que me fascina: »cuando los bebitos se reviran». Lo dice en el sentido de que a veces a los niños pequeños les entra sueño y se ponen insoportables, porque se enojan. Y eso también les puede pasar a los adultos…

Yo hoy estoy muy revirada, así que me váis a perdonar…

Carta de una criminóloga a Podemos

Estimados Sres. de Podemos:

soy criminóloga y he leído con interés el programa que tienen en su web, correspondiente a las pasadas elecciones europeas, a falta de un documento más actual.

Dado que desconozco qué medidas de política criminal adoptaría su formación en caso de ganar unas elecciones en España, me he permitido la libertad de hacerles llegar algunas de mis impresiones como profesional del sector criminológico, un marco laboral casi inexistente en nuestro país, pese al cada vez mayor número de egresados universitarios que se gradúa cada año.

Dicen ustedes, en el artículo 2.11 de su programa, que buscan garantizar el derecho a la seguridad y a una vida libre de violencia para las mujeres y las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales a través de un sistema jurídico de garantías que intervenga tanto en el ámbito público como en el privado.

Cabe preguntarse si no están olvidando a una parte importante de la población en el citado epígrafe: los hombres heterosexuales. Sin ánimo de ofender -y se lo digo como mujer y profesional- pudiera parecer que este colectivo (si se puede definir como tal) no sufra violencia y/o no esté expuesto a cierto grado de inseguridad, como el resto de ciudadanos.

Nuestra actual Ley Integral contra la Violencia de Género, está lejos de ser verdaderamente integral, pues sólo contempla aquellos casos en los que un hombre ejerce violencia sobre la mujer (de ahí el “de género”).
No contempla a colectivos de gays y lesbianas en los cuales también se dan casos de violencia intrafamiliar, física y/o psicológica.
Por otro lado, es una ley que deja indefensas a aquellas víctimas que, al parecer, a ojos de nuestros legisladores y mandatarios, no cumplen ciertos requisitos; y es que también hay hombres que sufren la violencia de sus compañeras sentimentales o esposas.

Si ustedes buscan un modelo que verdaderamente proteja a las personas, quizá convendría tratar el tema de la violencia de una manera más objetiva: la violencia no entiende de edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, condición física o psíquica, etc. La violencia, es universal, y cualquier persona, tenga la condición que tenga, la puede sufrir en cualquiera de sus formas (que por desgracia, son múltiples y variadas).
Llámenlo por tanto, violencia intrafamiliar, porque las familias están cambiando, porque vivimos en una época que implica otras normas y convenciones sociales, y es recomendable que la ley se adapte a las mismas.

Den el mismo trato a todas las víctimas, sean quienes sean, y tendrán una ley más justa, que verdaderamente sea digna de llamarse integral, y que pueda ser un referente en igualdad.
Con una ley como la actual, se generan tensiones innecesarias y se crean víctimas de primera y de segunda categoría, al mismo tiempo que no se ofrece a nuestros jóvenes el mejor ejemplo de lo que debe ser la igualdad: iguales es iguales, y debe ser tan grave que un hombre pegue a su mujer como que ésta le agreda a él.

Quizá ustedes piensen en que hay que favorecer al colectivo más desfavorecido, y eso es correcto hasta cierto punto para compensar una desigualdad real, pero en nuestro país no se llevan a cabo encuestas anónimas de victimación, lo cual impide conocer de una manera científica y objetiva, qué impacto tiene la violencia intrafamiliar en hombres y mujeres, gays y lesbianas, etc., o lo que es lo mismo: no sabemos hasta qué punto esa desigualdad es real.
Lo importante no es que haya o no desigualdad, sino conocer lo mejor posible de qué grado de desigualdad estamos hablando.

No sé si son conscientes de que esta ley también desalienta a muchos hombres a denunciar malos tratos por parte de su pareja por muchos motivos, como vergüenza, miedo al qué dirán, temor o desamparo, ya que la ley de violencia de género no es para ellos, y por lo tanto, sus casos nunca serán noticia ni serán tomados tan en cuenta como ocurre con las mujeres.
El resultado es que no podemos ni siquiera aproximarnos a conocer el número real de casos de violencia intrafamiliar que hay en nuestro país, dado que muchas víctimas (evidentemente, también mujeres), no denuncian.

Las encuestas de victimación permiten conocer, de manera anónima, aquellos delitos que han sufrido las personas, pero que no han sído denunciados. Son datos que ni las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni el sistema judicial permiten conocer, y por eso es tan importante obtenerlos: nos acercan al número real de crímenes que se cometen en nuestro país.

Muchos países europeos llevan a cabo encuestas de victimación nacionales periódicamente, como es el caso de Francia, que lo hace una vez al año.
Ésta es una herramienta muy útil para abordar problemas como la violencia intrafamiliar, porque da voz a aquellas víctimas que no se atreven a denunciar; a ellas les da la oportunidad de expresarse aunque sea de manera anónima, garantizando así su seguridad y manteniendo en secreto su identidad, al mismo tiempo que el Estado y la sociedad puede conocer la magnitud del problema.

Por lo tanto, un primer paso es conocer el alcance de esta lacra social -empleando para ello una metodología científica adecuada-, ya que sólo así se van a poder diseñar medidas de política criminal adecuadas para abordar la problemática.

Ustedes también hablan de un sistema jurídico de garantías que intervenga tanto en el ámbito público como en el privado.
Por desgracia contamos con una Justicia desbordada que recibe un presupuesto irrisorio para la carga de trabajo a la que tiene que enfrentarse cada día.

Por otra parte, en nuestro país se no se invierte lo suficiente en seguridad pública y menos aún en seguridad privada, ya que esto depende básicamente de despachos de detectives y empresas de seguridad privada que, en muchos casos, tienen que hacer frente a una presión fiscal que apenas pueden soportar, y cumplir tal cantidad de requisitos, que resulta inviable pensar en que puedan hacer algo por reducir la criminalidad en general.

Mientras todo esto ocurre, los criminólogos nos encontramos en un limbo en el cual no podemos ejercer la profesión para la que tanto nos preparamos, ni mediante la seguridad pública ni mediante la privada.
El criminólogo es el único profesional capacitado para estudiar el crimen como fenómeno de masas, aunque también se encarga de los delincuentes, las víctimas y el llamado control social.
Estamos preparados para realizar estudios científicos, analizar problemas sociales y ofrecer propuestas eficaces en materia de política criminal, reinserción y reeducación, tratamiento de víctimas de delitos, y en definitiva, para trabajar en pos de la prevención y reducción de la criminalidad.

La realidad es muy diferente, pues actualmente no podemos opositar a Justicia ni a las prisiones, así como tampoco podemos establecer un marco de colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otros organismos públicos donde se tratan materias que están dentro de nuestros objetos de estudio.
No se cuenta con nuestra experiencia y valor profesional para temas tan importantes como la lucha antiterrorista, la seguridad vial, la citada violencia de género, la prevención del acoso escolar, la confección de estadísticas sobre criminalidad, y un largo etcétera.

Nuestra visión multidisciplinar y global del problema de la criminalidad no termina de encajar en el sistema de seguridad privada que se ha venido desarrollando en nuestro país, ya que estamos hablando de estudiar un fenómeno de manera macroscópica, para intervenir a nivel nacional y poner nuestra labor al servicio de una Justicia, unas Instituciones Penitenciarias y unas fuerzas policiales, que esperemos, estén lejos de convertirse en empresas de seguridad privada.

Por último, ustedes dicen que quieren promover una norma europea integral y vinculante contra la violencia de género y reforzar las políticas y medidas de atención y asistencia a las mujeres y menores.
¿Cómo se reforzarán esas políticas, y esas medidas de atención a las víctimas? Otros partidos políticos han optado por crear secciones especializadas dentro del sistema judicial -ya de por sí desbordado-, o crear más unidades policiales -algunas también desbordadas-.
Éstas medidas, además de seguir siendo del todo insuficientes, generan más gasto público porque no están basadas en estudios científicos que aseguren que son una solución eficaz, por no hablar de que siguen condenando al colectivo de criminólogos a seguir a la deriva, sin poder intervenir profesionalmente de ninguna manera: ni desde la Justicia, ni desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni desde Instituciones Penitenciarias, ni desde ningún organismo público con competencias en los temas de los que hablamos.

Muchos han llamado a determinados tipos de criminalidad “asuntos de Estado”, pero lo cierto es que ningún partido político hasta la fecha se ha preocupado verdaderamente por llegar a la raíz de éstos problemas, ni por incorporar a profesionales en la materia a las plantillas del personal encargado de resolverlos.

Ustedes se desmarcan del resto de partidos políticos en muchos asuntos, pero mi pregunta, como ciudadana y como criminóloga es, ¿se desmarcarán también en su forma de hacer política criminal?

Cuando los problemas de siempre no se resuelven con las soluciones de siempre, es porque algo está fallando, y parece cuanto menos, de sentido común, aplicar nuevas medidas o analizar esos problemas desde un nuevo punto de vista.
Los criminólogos españoles llevamos muchos años esperando a que se de sentido a nuestra vocación y a nuestra carrera, pero no podemos hacerlo solos; o alguien se compromete de verdad a prevenir y reducir la criminalidad, a reforzar la Justicia y mejorar la seguridad de las personas, o no podremos hacerlo solos.

Nosotros ya hemos hecho nuestra apuesta, y hemos apostado bien fuerte por una carrera sin salidas profesionales que apenas se conoce, que se confunde día sí y día también con el trabajo de los expertos en ciencias forenses y los policías, y por un panorama laboral plagado de intrusismo en el que no se reconocen los pocos trabajos que conseguimos llevar a cabo.

En este mismo momento, mientras ustedes leen estas líneras, hay criminólogos luchando por sacar adelante proyectos de investigación pagados de su bolsillo, sin acceso a datos rigurosos, trabajando como un ciudadano más desde su casa porque no tienen derecho a colaborar con jueces, policías o funcionarios de prisiones; porque no se admite su experiencia, ni su trabajo, ni su vocación, ni su dedicación, en un país cuya Justicia está colpasada, y cuyas cárceles están masificadas.

Ustedes han visto crecer y han apoyado un movimiento de indignación para promover el cambio.

Los criminólogos españoles estamos indignados desde hace muchísimo tiempo, pero ese cambio no llega.

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Siempre me he considerado una persona apolítica, pero no obstante, enviaré esta carta antes de que se me pase el reviramiento.